Históricamente poseer grandes extensiones de tierra ha sido sinónimo efectivo de poder político y económico, por otro lado, también ha significado el elemento catalizador para pugnas y disputas entre países y dentro de ellos. La tierra ofrece elementos para el desarrollo, pero también ofrece excusas para el dolor.
El conflicto armado colombiano se generó por la lucha de las tierras, grandes terratenientes que poseían inmensas extensiones de terrenos y oprimían a los campesinos, los cuales cansados de la explotación de la cual eran objeto, deciden alzarse en armas y por medio de ellas lograr las reivindicaciones sociales que se les habían negado.
Lo anterior, de una manera resumida, es la génesis de la guerra civil que afecta al país cafetalero desde mediados del siglo XX. En la actualidad, aquella lucha armada que nació para lograr acceso equitativo a tierras cultivables, ha sufrido una metamorfosis hasta degenerar en una cruel e injustificada lucha por una variedad de riquezas naturales, la cual ha ramificado sus consecuencias allende de los límites geográficos del país de Santander.
El drama humanitario que azota a Colombia, que ha hecho metástasis en Ecuador, Panamá y Venezuela, ofrece números desoladores. Reflejo de una crisis que alcanza proporciones colosales, las cuales se pierden en un manto de silencio, indiferencia e impunidad.
Por otro lado, los cultivos de coca, su posterior procesamiento y distribución; la palma africana, para la producción de biocombustibles; el desarrollo de variados megaproyectos, entre otros, forman la apetecible carta que genera millonarios beneficios a una nueva clase de explotadores y que pasa como tractor sobre los sueños, esperanza y vida de miles de personas, colombianos en su mayoría.
Según las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNCHR por sus siglas en inglés) el número de solicitantes de refugio en Ecuador, Panamá y Venezuela es de 451.900, aunque otras fuentes hablan de un universo de 600.000 personas. Para la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) el número de desplazados supera los 3 millones. Los niños, niñas y adolescentes vinculados al conflicto armado son 11.000, según los cálculos de Human Rights Watch (HRW). Las cifras de desplazamiento y niños soldados colocan a Colombia como la segunda crisis humanitaria del mundo, detrás de Sudán.
Durante el 2007 se registraron 521 secuestros y el los últimos 11 años la cifra es de 23.666 personas (fuente Fundación País Libre). Las víctimas de minas antipersonales, desde 1990 hasta 2006, han sido 4.163. Amnistía Internacional estima que en los últimos 20 años la cifra de muertos es de 70.000 personas, la mayoría de ellos civiles fallecidos fuera de combate.
¿Estos números explican la regionalización del conflicto? No. Sólo son la comprobación del conflicto que desangra a Colombia, son la superficie de un drama que se extiende por la región y que debajo de ellos existe una serie de intereses políticos y económicos vinculados a las riquezas naturales, los cuales se manifiestan en la reconfiguración del mapa demográfico y de propiedad de tierras.
Como inciso se hará mención de tres situaciones que descubren ese entramado de intereses oscuros que mueven e impulsan el conflicto: según datos de la agencia gubernamental colombiana Acción Social “hasta 2005 la extensión de tierras abandonadas —como consecuencia de la conflagración— era de 6,8 millones de hectáreas. A diciembre de 2007, esta misma entidad oficial reportó que los paramilitares habían entregado solamente cinco bienes inmuebles urbanos y una extensión de 4.762 hectáreas en bienes inmuebles rurales, es decir, el 0,007% del total de bienes usurpados.” Informe para el Examen Periódico Universal de Colombia, junio del 2008.
En el informe citado se hace referencia de las 21.142 hectáreas que grupos paramilitares le quitaron a comunidades afrocolombianas de Curvaradó y Jiguamiandó y las cuales “pasaron ilegalmente a manos de empresas de palma y ganadería.”
Otro ejemplo, es el de Carimagua una hacienda ubicada en el departamento del Meta. Con una extensión de 17.000 hectáreas en un primer momento serían adjudicada a 800 familias de desplazados, anunciado por el propio presidente de Colombia en el 2004.
Sin embargo, se abrió un proceso de licitación el cual no fue del todo transparente, se hizo la denuncia de la existencia de nexos entre el ministro de agricultura y una de las empresas participantes. El caso se encuentra en investigación.
Sin embargo, ¿cómo explicar el asentamiento de la guerra interna colombiana en los países vecinos? Especialmente en Ecuador, Panamá y Venezuela.
En el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el desarrollo en Colombia, Conflicto: callejón con salida (2003) se establece que de las razones que sostiene el conflicto es la ausencia de Estado, la cual se manifiesta “no tanto (o en todo caso, no sólo) porque falten presencia u obras públicas, maestros y policía, sino por dos circunstancias que se suman: una, que el orden jurídico tiende hacer difuso (…), y otra, que el Estado no garantiza el respeto imparcial y efectivo de esos tratos y contratos.”
Lo anterior se aplica tanto para el contexto neogranadino como para el de los países vecinos. Los actores del conflicto armado asumen el papel de jueces de paz, mediadores en disputas territoriales, garantes de la seguridad ciudadana o sirven como prestamistas. Por otra parte, esas mediaciones son de rápida y efectiva implementación a diferencia de las realizadas por los canales regulares las cuales son más lentas y, que en muchas ocasiones se ven manchadas por la corrupción o el tráfico de influencias.
Sin embargo, aceptar este tipo de mediaciones siempre es riesgoso. El testimonio de un solicitante de refugio colombiano en Panamá es elocuente: “la guerrilla te podía apoyar con dinero para la compra de una vaquita o poner a sus hombres a trabajar para levantar el lindero de tu terreno y era gratis, no cobraban en el momento. Pero, con el tiempo pasaban la factura, completa y sin oportunidad a reclamar.”
Otra de las aristas de la expansión del conflicto es la fuerte presión militar del lado colombiano, en el marco del Plan Colombia, que ha empujado a los actores armados, principalmente a las FARC y ELN, hacia los países vecinos en búsqueda de zonas de descanso y reorganización, pero, en los últimos años la presencia de la guerrilla ha sido más activa e involucrada con el control tanto territorial como “político” de las zonas donde operan.
Un hecho que muestra o comprueba la regionalización del conflicto fue la acción militar de las Fuerzas Armadas colombianas en territorio ecuatoriano la cual dio muerte a 24 personas entre ellas el segundo al mando de las FARC, Raúl Reyes, el 1 de marzo. Acción que desencadenó una crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela.
Dentro del contexto de aquella ruptura de relaciones bilaterales, únicamente diplomáticas no comerciales, entre los países involucrados se realizaron una serie de acusaciones: el apoyo de los gobiernos de Correa y Chávez a la guerrilla, por parte del Palacio de Nariño. A la administración Uribe se le fustigó de auspiciar al movimiento paramilitar y servir de plataforma para las políticas intervencionistas Norteamericanas. Cabe acotar que las diatribas que surgieron posteriores a la incursión militar fueron únicamente de carácter político, en ningún momento los involucrados hicieron mención a las dimensiones humanitarias del conflicto.
No se puede obviar la importancia de la pobreza para la expansión de la guerra. Si se revisan los indicadores de desarrollo de las zonas fronterizas y se comparan con la media nacional de Ecuador, Panamá y Venezuela se podrá observar una enorme diferencia entre ellos.
América Latina y el Caribe es la región donde hay mayor desigualdad de ingresos en el mundo. Según el informe sobre Cohesión Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): “en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y la República Bolivariana de Venezuela el 10% superior capta entre 35 y 45 % de los ingresos de trabajo”. Por su parte, 20 % de menores ingresos capta únicamente el 2,5 % del ingreso laboral. La conclusión al panorama ofrecido por esos números es sencilla: no hay salida.
En la frontera colombo—ecuatoriana una de las principales fuentes de ingreso “digno” es el raspado de coca, mientras un trabajo normal ofrece 200 $ mensual—sueldo mínimo—, durante la época de recolección de la materia prima para la cocaína el ingreso que se obtiene supera esa cifra, sin mencionar las promesas de dinero y poder que ofrecen los grupos irregulares para obtener nuevos reclutas.
Al encontrase en el último lugar dentro de las prioridades de los estados complementado con su ausencia y con bajos índices de desarrollo los actores irregulares del conflicto armado han encontrado nichos en las zonas fronterizas de los países vecinos a Colombia. Ante el avance y aumento de esta presencia la respuesta de los gobiernos ha sido la indiferencia y el silencio, con lo cual se somete a la población a regímenes de facto por parte de estas bandas armadas.
El conflicto no pertenece sólo al país del café es, hoy por hoy, una realidad regional. Mientras en lo interno se puede observar u oler la presencia de grandes intereses económicos que buscan obtener la mayor cantidad de ingresos a costa de la expulsión de miles de personas de aquel lugar que alguna vez fue su tierra, en lo externo, la actitud pasiva y complaciente de los gobiernos fronterizos ofrece nuevas características y matices a la realidad de la guerra, lo cual aumenta su complejidad.
El aumento de la complejidad atenta contra la pronta solución del sufrimiento, largo e inmerecido, del pueblo colombiano y sus vecinos ecuatorianos, panameños y venezolanos. Personas sencillas y humildes que se ven arropados por un fenómeno que no alcanzan a comprender, pero que padecen con toda su intensidad. A la sombra del dolor de otros un grupo se enriquece y sigue sembrando sufrimiento, en un ciclo interminable que tendrá su posible solución en el origen de la problemática: la tierra.
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